La larga lucha legal de los nisei estadounidenses

En las semanas posteriores al ataque a Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra surgió una creciente desconfianza de los norteamericanos hacia sus conciudadanos de origen japonés, en especial en los estados de la costa del Pacífico, donde constituían una minoría relativamente numerosa. En un principio las autoridades, incluyendo al propio presidente Roosevelt, rechazaban que se pudiese poner en duda la lealtad de los americano-japoneses. Pero la presión sobre la administración aumentó rápidamente, alimentada por la actitud de buena parte de la prensa, que advertía continuamente de los peligros de una quinta columna que supuestamente estaría dispuesta a colaborar con el enemigo en caso de ataque, y por los rumores que circulaban sobre casos de espionaje o sabotaje protagonizados por residentes de origen japonés. En poco tiempo el gobierno se sintió obligado a tomar medidas drásticas para tranquilizar a la opinión pública.

El 19 de febrero de 1942 el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, que permitía al teniente general DeWitt (comandante del Mando de Defensa Occidental, responsable militar de los estados de la costa oeste) restringir los movimientos y las libertades de miles de ciudadanos de origen japonés, independientemente de que tuviesen o no la nacionalidad estadounidense. El 23 de marzo DeWitt decretó un toque de queda entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana que afectaba a los residentes japoneses y americano-japoneses. Las medidas restrictivas se sucedieron en las semanas posteriores, hasta que finalmente el 3 de mayo de 1942 se emitió una orden que obligaba a los ciudadanos de origen japonés a presentarse en las oficinas gubernamentales para ser trasladados a los llamados centros de reubicación, campos de internamiento vigilados por el Ejército situados en los estados del interior.

Minoru Yasui era el tercero de nueve hijos de un matrimonio de inmigrantes japoneses propietarios de una explotación hortofrutícola en Hood River, en el estado de Oregón. En 1939, con 23 años, Minoru acabó sus estudios de Derecho y, gracias a los contactos de su padre, consiguió un empleo de agregado en el consulado japonés de Chicago. En diciembre de 1941, al estallar la guerra, el consulado fue cerrado, y Yasui regresó a Oregón para incorporarse al Ejército (era alférez en la Reserva). Cuando los militares rechazaron su solicitud de alistamiento (por haber trabajado para el gobierno de Japón), decidió instalarse como abogado en Portland, ofreciendo servicios legales a los ciudadanos de origen japonés.

El 23 de marzo de 1942 se implantó el toque de queda para los americano-japoneses en la región de Portland. Yasui no tenía ninguna duda de que aquella medida era inconstitucional, y decidió demostrarlo con un desafío a las autoridades. El 28 de marzo rompió deliberadamente el toque de queda paseándose por el centro de la ciudad. Se dirigió a una comisaría de policía para que le pusiesen una denuncia y volvió a casa. Antes de que fuese llamado a juicio, se decretó la orden de internamiento de los residentes de origen japonés. Yasui se negó a cumplirla y regresó a la casa familiar en Hood River, violando también las restricciones a los viajes que se habían impuesto a los americano-japoneses. Fue arrestado en su pueblo natal.

El juicio se celebró en el Tribunal de Distrito de Portland. En la sentencia, emitida el 16 de agosto de 1942, el juez Albert Fee determinaba que, como el gobierno no había decretado la ley marcial, la aplicación del toque de queda a ciudadanos estadounidenses era inconstitucional, tal como alegaba Yasui. Pero añadía que Yasui había renunciado a su ciudadanía por haber trabajado para el gobierno japonés. Al ser considerado un extranjero, sí se le podían aplicar las normas dictadas por las autoridades militares. En consecuencia, el juez condenó a Yasui a un año de cárcel y 5.000 dólares de multa.

Yasui fue encarcelado en la prisión del condado de Multnomah, en Portland. Allí pasó nueve meses, esperando a que el recurso que había presentado llegase a un tribunal superior. Al fin, en mayo de 1943 la Corte Suprema de los Estados Unidos se hizo cargo del caso, saltándose los tribunales de apelación estatales, y uniéndolo al de otro nisei llamado Gordon Hirabayashi.

Gordon Hirabayashi era un joven de 24 años de Seattle, estudiante de sociología en la Universidad de Washington. Igual que Yasui, había incumplido el toque de queda como protesta por una medida que consideraba injusta. Fue arrestado por el FBI y condenado a 90 días de prisión. Hirabayashi no tenía la formación legal de Yasui, pero contaba a su favor con el apoyo incondicional de su comunidad religiosa, los cuáqueros (una iglesia que se ha destacado históricamente por su activismo pacifista). Viendo las similitudes que presentaban los casos de Hirabayashi y Yasui, el Tribunal Supremo decidió tratarlos de forma conjunta.

El 21 de junio de 1943 la Corte Suprema emitió su veredicto. En él se afirmaba que la aplicación del toque de queda a ciudadanos estadounidenses era constitucional. Aquello daba la razón al juez que había condenado a Hirabayashi en primera instancia. En el caso de Yasui las conclusiones no eran tan evidentes, ya que el dictamen se oponía al mismo tiempo a los argumentos de la defensa y a la sentencia del juez Fee. Según el tribunal, Yasui debía de ser considerado ciudadano estadounidense, y como tal era culpable de haber incumplido el toque de queda, lo que suponía un delito menor. La Corte Suprema devolvió el caso al tribunal de distrito para que dictase una nueva sentencia de acuerdo con ese criterio. En la revisión, Fee eliminó la multa de 5.000 dólares y redujo la pena a 15 días de cárcel, que Yasui ya había cumplido con creces. Por consiguiente fue puesto en libertad. O, para ser más precisos, salió de prisión para ser conducido a un campo de concentración.

Minoru Yasui fue trasladado al Centro de Reubicación de Minidoka, en Idaho. En el verano de 1944 se le permitió abandonar el campo y poco después se instaló como abogado en Denver. Gordon Hirabayashi volvió a prisión, para cumplir una condena de un año por insumisión. Se había negado a rellenar un cuestionario en el que el Ejército le exigía una renuncia a la fidelidad al Emperador, un requisito que consideraba discriminatorio. Después de la guerra se mudó a la ciudad canadiense de Edmonton para ejercer como profesor de sociología en la Universidad de Alberta.

Fred Korematsu era un joven nisei de la ciudad de Oakland, en el norte de California, con pocos estudios y que nunca había logrado mantener un trabajo más allá de unos meses. Pero no era esa precisamente la circunstancia que hacía que su caso fuese distinto al de los universitarios Yasui e Hirabayashi: a diferencia de ellos, cuando Korematsu incumplió la orden de internamiento no lo hizo pensando en ser un ejemplo para su comunidad. De hecho trató de ocultar su origen japonés, inventándose un nombre falso y asegurando que era descendiente de hispano-hawaianos. El 30 de mayo de 1942 fue detenido en plena calle y enviado a prisión. En el juicio, celebrado en San Francisco el 8 de septiembre de 1942, fue declarado culpable de violar las órdenes emitidas por las autoridades militares y condenado a cinco años de libertad condicional. Recurrió la sentencia con el apoyo de varios miembros de la ACLU (American Civil Liberties Union, o Unión Americana de Libertades Civiles).

Korematsu fue internado con su familia en el Centro de Reubicación de Topaz, en Utah. Según contaría más tarde, el campo era peor que la cárcel. Se alojaba en una especie de establo y tenía que trabajar ocho horas al día por un salario miserable. Además, también según Korematsu, él y su familia sufrieron el aislamiento y el desprecio del resto de internos por su actitud desafiante hacia los militares. La mayor parte de los americano-japoneses cooperaron con las autoridades con la esperanza de que su colaboración sirviese para demostrar su lealtad como estadounidenses, Para ellos, la lucha de Korematsu por sus derechos era una amenaza que ponía en riesgo a toda la comunidad.

Tras pasar (este sí) por el Tribunal de Apelaciones, el caso Korematsu llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos a finales de 1944. El 18 de diciembre se dictó sentencia, ratificando la decisión del tribunal de primera instancia. Aunque se reconocía que el internamiento forzoso era constitucionalmente “sospechoso”, el jurado consideraba que estaba justificado por las circunstancias de emergencia que vivía el país, Según la sentencia, la necesidad de protegerse contra las posibles acciones de espionaje y sabotaje por parte de agentes enemigos estaban por encima de los derechos individuales de Fred Korematsu y del resto de ciudadanos de ascendencia japonesa. No fue una decisión unánime. Tres de los nueve miembros del jurado votaron en contra. En sus votos particulares, los jueces discrepantes argumentaban que era evidente un fondo racista en las órdenes decretadas por las autoridades militares (no se habían adoptado medidas similares para los ciudadanos de origen alemán o italiano), y advertían de que aquel caso iba a suponer un peligroso precedente que podría utilizarse en el futuro con fines oscuros, al permitir que el Ejército se saltase la Constitución alegando circunstancias excepcionales.

Ese mismo día, el 18 de diciembre de 1944, la Corte Suprema emitió un veredicto totalmente contradictorio con el del caso Korematsu. Mitsuye Endo era una nisei de 22 años de Sacramento, funcionaria del estado de California (había perdido su empleo tras el ataque a Pearl Harbor), cristiana metodista practicante, que solo hablaba inglés y nunca había estado en Japón. Nada de aquello le sirvió para evitar su internamiento y el de su familia en el campo de concentración de Tule Lake, en Utah. La Liga de Ciudadanos Americano-Japoneses vio en ella el ejemplo perfecto para demostrar la irracionalidad de la orden de internamiento. Los abogados de la Liga presentaron un recurso de habeas corpus en su nombre alegando que Endo era una ciudadana estadounidense totalmente asimilada. El juez de distrito falló en su contra sin ninguna explicación, y el Tribunal de Apelación se inhibió pasando el caso a la Corte Suprema. El gobierno trató de detener el recurso ofreciendo a Endo su liberación, pero ella decidió continuar internada hasta que se dictase sentencia. La decisión del Tribunal Supremo fue unánime: el gobierno de Estados Unidos no tenía ninguna razón para detener a una ciudadana leal, y por tanto tenía que permitir a la joven abandonar el campo de internamiento.

La diferencia con el caso Korematsu, cuya sentencia se dio a conocer el mismo día, estaba en un pequeño matiz: en el caso Endo la Corte Suprema determinaba que el gobierno no podía privar de libertad a un ciudadano si no podía demostrar su deslealtad. Pero Mitsuye Endo no opuso resistencia a su traslado al campo de reubicación. A Korematsu, en cambio, se le castigaba por incumplir la orden de internamiento, es decir, por su negativa a ser encarcelado... aunque esa encarcelación fuese ilegal.

Estas son explicaciones que se han querido dar a posteriori, porque en su fallo la Corte Suprema se limitó a considerar las circunstancias particulares del caso Endo, sin querer abordar la cuestión de la probable inconstitucionalidad de la orden de internamiento. Lo cierto es que no hacía falta. Las repercusiones de la sentencia eran evidentes. Dos semanas después de que se hiciese pública el gobierno derogó las órdenes de exclusión y dio permiso a los ciudadanos de origen japonés para que comenzasen a regresar a sus hogares.

Las sentencias de los casos Yasui, Hirabayashi y Korematsu fueron muy criticadas, ya antes del final de la guerra y en los años posteriores. Muchos expertos en derecho opinaban que detrás de las decisiones judiciales se escondía un mal disimulado racismo. En la década de los 80 salieron a la luz documentos que demostraban que el gobierno sabía que no había razones militares que justificasen las órdenes de exclusión de los ciudadanos de origen japonés. La oficina del fiscal general tenía en su poder informes del FBI y la inteligencia militar en los que se llegaba a la conclusión de que los residentes japoneses no constituían ningún riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, los fiscales retuvieron la información y no la hicieron pública durante los juicios, lo que podría haber supuesto incluso un delito de ocultación de pruebas. En lugar de ello, utilizaron contra los acusados rumores sobre quintacolumnistas japoneses, pese a saber que no tenían ninguna base.

Con esa nueva información, Yasui, Hirabayashi y Korematsu acudieron una vez más a los tribunales para solicitar la revocación de sus condenas. El primero en conseguirlo fue Korematsu. El 10 de noviembre de 1983 un juez del Tribunal de Distrito de San Francisco anulaba formalmente la condena dictada cuarenta años antes contra él. Yasui intentó lo mismo en Portland, pero el tribunal desestimó sus argumentos. Hirabayashi, por su parte, que residía en Canadá, presentó su caso en el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito (el encargado de los estados del Pacífico). En 1987 el jurado anuló su condena, lo que implícitamente significaba que la de Yasui también quedaba revocada. Minoru Yasui no pudo disfrutar de aquella última victoria. Había muerto poco tiempo antes, el 12 de noviembre de 1986.

En 1988 el presidente Ronald Reagan pidió disculpas en nombre del gobierno de los Estados Unidos a los ciudadanos de origen japonés internados injustificadamente durante la guerra y autorizó el pago de una reparación de 20.000 dólares a cada uno de ellos. Un total de 82.219 sobrevivientes o herederos aceptaron la compensación económica.